Las asociaciones integradas en CONEPA están dando asesoramiento y apoyo a las empresas afectadas en el sector, muy pocas en cuanto a números absolutos, al ser el nuestro un mundo de micropymes mayoritariamente.

Recientemente ha entrado en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

Toda persona física podrá informar de la existencia de una infracción del Derecho de la Unión Europea y de infracciones penales o administrativas graves o muy graves de nuestro ordenamiento jurídico español, que haya conocido en un contexto laboral o profesional, a través de un canal de información “interno” (de ser obligatoria su existencia dentro de la empresa) o de un canal de información “externo”.

Las empresas de más de 249 trabajadores tienen plazo para implementar el canal ético o de denuncias hasta el 13 de junio de 2023. El resto de empresas, las comprendidas entre 50 y 249 trabajadores, tiene hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementarlo.

Las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma ascienden hasta 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.